Este sábado 19 de noviembre, a las 11.30h, la #BrigadaTuitera #T celebra un acto reivindicativo en Madrid – #YoVoy2016 – por una justicia independiente con medios, sin tasas judiciales. Mariano A. Mtz. Liberali cuenta a continuación, en blogs LQNU, su visión personal y la situación actual de esta problemática.
La justicia es uno de los pilares de la democracia y, para que ésta se vea fortalecida, debe ser independiente y accesible para todos los ciudadanos en igualdad de condiciones.
Es triste ver cómo no siempre se cumple el principio básico de derecho de igualdad ante la ley. No siempre se tiene acceso a un derecho humano fundamental como es la justicia, porque en la práctica ésta no es accesible a todas las personas.
En el año 2012, la Ley 10/2012 regula determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. Esta norma imponía tasas, en muchos casos desorbitadas, que vulneraban el derecho a la tutela judicial de los ciudadanos consagrado en el art. 24.1 de la Constitución Española. Nos encontramos con una ley que discrimina y lleva a que sólo una parte de la población tenga acceso a la justicia, actuando de forma disuasoria contra las personas que quieren acceder a la misma.
Han quedado demostradas las consecuencias nefastas de esta ley durante los últimos años. Una ley que impone a la justicia un afán recaudatorio, más que de servicio público. Una ley que cercena los derechos de los ciudadanos en un momento de crisis. Una ley que ha recortado un servicio público esencial. Una ley que es injusta, que hace daño a los ciudadanos españoles, porque se ha centrado en recaudar y en disuadir a las personas del acceso a la justicia. Una ley que rompe con el principio de igualdad, una ley que debe ser derogada.
El Tribunal Constitucional ya se ha pronunciado con la sentencia 140/2016 del 21 de julio declarando la inconstitucionalidad y nulidad de las tasas fijadas tanto para el acceso a la jurisdicción como para la interposición de recursos por considerarlas desproporcionadas y que violan el art. 24.1 CE.
Sin embargo, esta sentencia solo afecta a las personas jurídicas y nada dice sobre los procesos civiles en primera instancia o única instancia (entre 100€ y 300€), ya que en la demanda no se formula la cuestión y el Tribunal no puede pronunciarse al respecto.
Es vital acabar con este afán recaudatorio y tener en cuenta la verdadera función del Estado de Derecho de proporcionar justicia a todos por igual. Las tasas producen injusticias y son, en muchos casos, contrarias a los derechos humanos, por no permitir la accesibilidad a este derecho básico.
Me siento orgulloso de pertenecer a UPYD, un partido que desde el primer momento se opuso a esta ley presentando enmienda a la totalidad y se pronunció en el Congreso por la derogación de la misma, pero es necesaria también voluntad por parte del resto.
Quiero una España de igualdad, una España en la que todos accedamos por igual a la justicia, a una justicia independiente y de calidad.
ACERCA DEL AUTOR
Mariano A Mtz Liberali es argentino de nacimiento y español por adopción. Es graduado en Derecho en la Universidad de Buenos Aires y tiene el título de Máster en Derechos Fundamentales de la Universidad Carlos III de Madrid. Coordinador Territorial de UPYD en la Comunidad de Madrid y Presidente de la Asociación Gaytafe LGBTI+, se define como un luchador por la defensa de los Derechos Humanos, algo que considera fundamental para que vivamos en una sociedad mejor.
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