¿Es la Justicia accesible a todos? Las tasas rompen el principio de igualdad

Más que comentarlo, quería poner en relieve el inmenso trabajo y dedicación de mucha gente, que con la #BrigadaTuitera y otras acciones, no dejan que este tema caiga en el olvido. Personas particulares, famosas o no, asociaciones, partidos… demostrando que se puede actuar unidos por una causa justa.

¡Ánimo!

Francamente este es un tema que preocupa y mucho – desde un punto de vista de derechos fundamentales, el acceso a la justicia es un derecho fundamental al cual todos deben de tener acceso. Y no es porque yo lo diga – la Declaración Universal de los Derechos Humanos mantiene este principio como un derecho fundamental.

La imposición de tasas que actúan como una barrera de facto para el acceso a la justicia es algo que simplemente no veo cómo se puede justificar. El sistema judicial en España ha de hacer frente ya de por si a problemas estructurales importantes – y la implementación de estas tasas no facilita la situación.

Me preocupa también que la cuestión de las tasas acabe siendo el tema principal, o incluso el único tema que se discuta sobra la situación de la justicia en España.

Existe un informe muy interesante sobre el estado de la justicia en los distintos países miembros de la UE que enfoca como problemas importantes en España la independencia del poder judicial frente a la situación en otros miembros de la UE. Si añadimos a esto las cuestiones de eficacia y financiación de la justicia en España (que son problema – pero quizás menor de lo que pueda parecer) nos vemos frente a un sistema judicial que tiene obvias dificultades para cumplir su función esencial para garantizar el estado de derecho.

(Informe sobra la justicia en distintos países de la UE – http://ec.europa.eu/justice/effective-justice/files/justice_scoreboard_2016_en.pdf)

JRR wrote:

Me preocupa también que la cuestión de las tasas acabe siendo el tema principal, o incluso el único tema que se discuta sobra la situación de la justicia en España.

La verdad es que no hay nada como empeorar las cosas para que las reivindicaciones primeras de mejora de lo que ya había queden lejos.

Creo que el aspecto económico en la administración de justicia es bastante más que el asunto de las tasas, sin menospreciar su importancia.
No hace mucho, en el debate sobre la reforma de los estatutos propuse que los miembros de la Comisión de Garantías obtuviesen una pequeña compensación económica que, además, sufragaría quien no tuviese razón en un conflicto interno. No tuve mucho éxito, la verdad. No creo haber concitado mayor unanimidad que la que provocó el rechazo a mi propuesta.
Debo ser de ese reducidísimo grupo de personas que entiende que no existen ángeles que adjudiquen justicia de forma gratuita, viviendo del aire celestial, o que los derechos materiales socioeconómicos distan mucho de ser inalienables e inherentes a la condición humana. Derechos, derechos, derechos… y, ¿ quién los paga ?.
Ésta es la verdadera cuestión a la que debemos dar respuesta. El derecho a un servicio público, como lo es la «justicia», puede pagarse por todos, sólo por quien lo ejerce, o por todos en parte y un resto por el que lo ejerce.
Desde ya podemos descartar la segunda opción pues de lo contrario atacaríamos la esencia del orden del estado de derecho, al menos tal y como está concebido en nuestra Constitución.
Pero entre las otras dos hay una franja disponible a la decisión bastante amplia.
Partiendo de que cuando se habla de servicios públicos gratuitos se está cometiendo un grave error, pues siempre hay quien lo paga, de la experiencia se deduce que cuando gran parte de los usuarios cae en esa equivocación el consumo del servicio se desboca. No ocurre tanto en la Justicia puesto que las tasas es el menor de los problemas para un litigante ya que los honorarios de abogados, procuradores o peritos no entran dentro de esa gratuidad (obvio los beneficiarios de la justicia gratuita para no hacer más compleja la reflexión).
El problema es de tal calibre que, sin hablar de tasas, se produce una auténtica indefensión de muchísimos ciudadanos. Cualquiera puede haber sentido la impotencia de tener que dejar de reclamar un multa injusta o una pequeña indemnización por daños puesto que aún en el caso de ganar el pleito y las costas, lo que vas a recibir es menos de lo que te has gastado. Lo mismo sucede en las controversias entre particulares y grandes empresas y también en los pleitos entre particulares cuando hay una gran desproporción en la capacidad económica de las partes.
Por ello creo que no es descabellado exigir una tasa a partir de un cierto nivel en la capacidad económica del litigante.
Ah, por cierto, en el artículo que abre este debate creo que hay un error: son las personas FÍSICAS las que ya no pagan tasas, con lo que, en realidad, UPYD se posicionaba a favor de eliminar las tasas a las empresas, asociaciones, fundaciones, etc., y ojo, éstas personas, muy respetables sin duda, NO VOTAN.
Me paro aquí aunque sé, como jurista, que el meollo de la cuestión alrededor de la igualdad y posibilidad de acceso a la Justicia no está en las tasas, sino en las costas, pero eso es harina de otro costal.
Un último apunte, a los abogados no nos conviene la existencia de tasas de la misma forma que a los artistas no les conviene el IVA cultural. Ambos encarecen el producto y son perjudiciales para el negocio. Por eso a mí interés personal no le convienen las tasas pero si pienso en el interés general, ya no lo tengo tan claro, sobre todo cuando se desaprovecha una forma de hacer pagar a los que más tienen para que el servicio sea menos oneroso para todos los demás, que son los que menos tienen.